la pregunta que la nueva ley no responde
Blog 100 Arboles S.L. · Julio 2026
Esta semana, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley de Municipios Turísticos. Sesenta y tres votos a favor, ninguna en contra. Una ley que nació de los propios ayuntamientos y que reconoce algo evidente: hay municipios que prestan servicios a muchas más personas de las que figuran en su padrón.
Para La Palma, esta ley tiene un detalle que ha pasado casi desapercibido: los umbrales para las islas verdes son mucho más bajos que en el resto del archipiélago. Bastan 2.000 plazas alojativas, o que la población turística triplique la empadronada — o, sencillamente, un hotel de cuatro estrellas, aunque esté en el municipio de al lado. Dicho de otra manera: casi todos los municipios de nuestra isla pueden solicitar el estatus de municipio turístico. Y muchos lo van a debatir en sus plenos durante las próximas semanas.
La ley me parece un paso acertado. Pero responde solo a la mitad de la cuestión.
Lo que la ley regula — y lo que deja abierto
La ley define quién puede llamarse turístico. Establece derechos (promoción regional, presencia en órganos consultivos, consideración en políticas de infraestructura) y obligaciones (planificación turística, espacios públicos cuidados, información multilingüe). Todo eso está bien.
Lo que la ley no regula es la pregunta decisiva: ¿dónde se queda el dinero del turismo?
Y esa pregunta no es teórica. Pensemos en un pequeño municipio del norte de la isla: un hotel de cuatro estrellas, unas decenas de viviendas vacacionales, y una renta neta por habitante de unos 15.000 euros al año — de las más bajas de Canarias. Con la nueva ley, ese municipio puede declararse turístico. Ganaría visibilidad y obligaciones. Pero si las reservas de sus alojamientos siguen pasando por plataformas internacionales, los beneficios se irán de la isla antes de tocar suelo — mientras los precios del supermercado, del bar y, con el tiempo, de la vivienda se ajustan al bolsillo del visitante. El resultado sería lo contrario de lo que la ley pretende: un municipio oficialmente turístico cuyos vecinos viven peor que antes.
Las cifras que conocemos
Quien sigue este blog, o la serie que hemos publicado estas semanas, ya conoce los números. Los repito brevemente porque son la base de todo lo demás:
Cuando un alojamiento se comercializa a través de las grandes plataformas, entre el 15 y más del 30 por ciento de la facturación se va en comisiones. Documentamos un caso real en La Palma en el que el propietario perdía en torno al 34 por ciento de sus ingresos potenciales. Con 1.649 viviendas vacacionales activas en la isla (ISTAC, mayo 2026), estimamos que cada año salen de La Palma entre 3,4 y 4,8 millones de euros en comisiones.
Pero la pérdida real es mayor. La Cámara de España calcula que cada euro generado en el turismo produce 2,14 euros de actividad económica total — porque ese euro circula: paga al proveedor, al comercio, al transportista, y esos a su vez gastan aquí. El dinero que se va en comisiones no circula. Aplicando ese multiplicador, los 4,8 millones que abandonan la isla equivalen a más de 10 millones de euros de actividad económica que La Palma deja de generar cada año.
Y en empleo ocurre lo mismo: según el estudio IMPACTUR para Canarias, cada 100 puestos de trabajo directos en turismo generan otros 38,5 en restauración, comercio, transporte y ocio. Cada empleo turístico que no se crea aquí es, en realidad, casi un empleo y medio perdido.
La etiqueta no crea prosperidad. Los empleos, sí.
Nuestra propia experiencia lo confirma a pequeña escala: cien contratos de gestión directa de alquiler vacacional sostienen tres puestos de trabajo estables en la isla. Quinientos contratos sostendrían unos quince, con salarios por encima de la media — en administración, atención al huésped, fotografía, desarrollo de software. El mismo alojamiento, los mismos huéspedes, la misma facturación. Lo único que cambia es dónde se queda la comisión.
Hay un efecto adicional que casi nunca entra en el debate. Los turoperadores europeos preguntan con regularidad por cupos de alojamiento en La Palma. Este mismo año hemos tenido que declinar solicitudes de operadores ingleses y españoles, porque sin gestión profesional local nadie puede darles garantías de reserva. Cuando exista un volumen suficiente de alojamientos gestionados desde la isla, esos cupos se podrán garantizar — y entonces los turoperadores llenan aviones. Aerolíneas como Condor amplían capacidad cuando los operadores absorben una parte relevante de las plazas. Más vuelos directos, sin subvenciones. Es la mecánica normal del mercado europeo de paquetes vacacionales; en otras islas funciona desde hace décadas.
La profesionalización pendiente
La nueva ley exige profesionalización a los ayuntamientos. Justo. Pero la misma profesionalización falta del lado de los propietarios — y ahí el desequilibrio es llamativo: las plataformas cobran la comisión y dejan todas las obligaciones legales al propietario. Ninguna plataforma internacional asume la facturación electrónica, que será obligatoria para sociedades a partir del 1 de enero de 2027 y para arrendadores particulares desde junio de 2027. Ninguna asume el registro de viajeros ante el Ministerio del Interior. El propietario paga la comisión y se queda solo con la burocracia.
Ese vacío es exactamente el que cubrimos con RentaSegura: gestión local, precio neto garantizado para el propietario, y el cumplimiento legal — facturación electrónica y registro de viajeros incluidos — resuelto desde la isla, con software desarrollado en la isla.
Mi petición a los ayuntamientos
A los alcaldes que en estas semanas deliberan sobre solicitar el nuevo estatus les pediría que pongan una segunda pregunta junto a la primera. No solo «¿somos un municipio turístico?», sino «¿se queda el turismo en nuestro municipio?».
La ley es el primer paso. El segundo — la cadena de valor local — no lo puede decretar ningún parlamento. Lo construimos aquí, o no lo construye nadie: propietarios, gestores, ayuntamientos. Nosotros hemos empezado. Las cuentas están sobre la mesa, y cualquiera puede repasarlas con nosotros.
Las cifras citadas proceden de: ISTAC (viviendas vacacionales activas, mayo 2026), Cámara de España (multiplicador de producción del turismo, 2023), Exceltur / Gobierno de Canarias (estudio IMPACTUR Canarias 2024 y avance 2025), INE / Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023). El caso del 34 % está documentado en la serie «Tu casa. Tu precio. Tu isla.» publicada en este blog.